Los policías de Barcelona estallan contra Colau: «Más seguridad en las calles y menos recaudación»

Los 3.200 efectivos que componen la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona dependientes de Ada Colau no entienden el afán recaudatorio del ayuntamiento barcelonés, ya que los mandos les obligan a instalarse en «puntos beta» o puntos fijos de la ciudad, de donde no pueden moverse para aparentar falsa sensación de seguridad en las calles y a denunciar a músicos callejeros, vendedores ambulantes, infracciones de tráfico, botellones y todo tipo de denuncias por vía administrativa que acarrean multas y permiten que el Ayuntamiento recaude. Sin embargo, denuncian que esos trabajos, necesarios también, los alejan de realizar detenciones de «tironeros», ladrones de comercios, traficantes de drogas y otras labores de seguridad ciudadana.

La voz de alarma la ha dado la Comisaría de Ciutat Vella, uno de los distritos más problemáticos de la ciudad condal, donde los representantes sindicales de los policías locales, el sindicato CSIF, ha mandado una denuncia por escrito a Pedro Velázquez, intendente y jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, donde se denuncia «la pésima gestión actual, por parte de la dirección de la comisaría de Ciutat Vella, que se traduce en un ambiente laboral conflictivo e insostenible”.

En la carta se menciona el «aumento injustificado de puntos Beta (puntos estáticos), derivado de la falta de actividad sancionadora. Pretenden que cualquier actuación se traduzca en una denuncia en un inusitado afán recaudatorio contrario a la realidad social de crisis y a las normas básicas de prevención y corrección de situaciones”. La misma carta ha sido enviada a Teresa Casado, gerente de Seguridad y Prevención del mismo Ayuntamiento, a quien reclaman que «nos informe de si existen directrices desde su gerencia para aumentar la labora recaudatoria de los agentes (…)».

Para este sindicato, en Barcelona ahora «prima el principio sancionador, realizándose por la dirección del distrito un seguimiento inusitado de todas las actuaciones de los agentes que no finalicen en sanción para el ciudadano y abrir expedientes en su caso. Algún mando utiliza su moto particular,
mientras hace uso de material operativo, para realizar un seguimiento de las actuaciones de los agentes y abrir expedientes. Entendemos que, con conocimiento y autorizado -sin potestad- por algún superior jerárquico”, explican en la carta dirigida también al Intendente de Policía local, mando profesional de la Guardia Urbana.

Este afán sancionador de Ada Colau se traduce en que «cuando hay un detenido, a la pareja puede llevarle dos o tres horas las gestiones necesarias de papeleo para que conste su detención y eso se castiga enviándoles a puntos estáticos los siguientes días, esto produce una desmotivación palpable y en el distrito Ciutat Vella se constata, pero pasa en general en todas las comisarías de la ciudad», explica Eugenio Zambrano, portavoz de CSIF en la Guardia Urbana de Barcelona.

«La labor de la policía administrativa es muy importante, eso hay que dejarlo claro, pero primar esto en detrimento de la seguridad ciudadana es un error y creemos que en la situación que nos encontramos, con la falta de recursos humanos que tenemos hay cosas más importantes que multar a un músico callejero como quieren Ada Colau y Jaume Collboni priorizar. Reclamamos que se atienda a las preocupaciones de los policías, que nos apoyen frente a la violencia de los manteros que venden mercancía ilegal y que condenen las agresiones a policías. Necesitamos recuperar el principio de autoridad y que ni la alcaldesa ni el primer teniente de alcalde ayuden a quitarnos esa autoridad como hacen constantemente», añade Zambrano.

Desde CSIF se viene reclamando desde hace años a Ada Colau un aumento de la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona de los 3.200 actuales hasta los 4.500 agentes al menos y, concluye Zambrano, que «los barceloneses sientan que la seguridad más cercana que tienen es su Guardia Urbana y no provocar un divorcio con la ciudadanía». Los datos avalan esta petición, ya que la criminalidad en Barcelona varió un 43,67% en lo que va de año (hasta el trimestre 1 de 2022) respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 37.014 infracciones penales, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.